Falsas denuncias. Equilibrio y justicia en el Sistema Penal

Por Dr. Andrés García Vautrin

Especialista en Derecho Penal

En el ejercicio de la defensa penal, uno de los desafíos más complejos que enfrentamos como profesionales del derecho es abordar casos donde la línea entre verdad y falsedad no siempre resulta evidente desde el inicio. El fenómeno de las falsas denuncias, particularmente en delitos de violencia de género y abuso sexual, representa un aspecto delicado que requiere análisis cuidadoso y respuestas equilibradas.

La complejidad del fenómeno

Es importante comenzar reconociendo una realidad indiscutible: la violencia de género y el abuso sexual son problemas graves y reales en nuestra sociedad. Las víctimas de estos delitos enfrentan múltiples obstáculos para denunciar, desde el miedo hasta la revictimización. Por eso, cualquier análisis sobre falsas denuncias debe partir del reconocimiento de que la inmensa mayoría de las denuncias son legítimas y merecen ser investigadas con rigor.

Sin embargo, la experiencia profesional nos enseña que también existe un porcentaje, minoritario pero significativo, de denuncias que no se corresponden con la realidad de los hechos. Estas situaciones generan daños que trascienden el ámbito judicial y afectan profundamente a todas las partes involucradas.

El Impacto de la denuncia falsa

Cuando una denuncia resulta ser falsa, las consecuencias son múltiples y devastadoras. En primer lugar, desacredita a las víctimas reales, generando desconfianza en el sistema y dificultando que otras personas se animen a denunciar situaciones genuinas de violencia. En segundo lugar, causa un daño irreparable a quien es falsamente acusado, que debe enfrentar no solo el proceso judicial sino también el estigma social.

En nuestra práctica profesional hemos observado cómo estos casos pueden derivar en pérdida de empleo, ruptura de vínculos familiares, deterioro de la salud mental y, en casos extremos, situaciones de desesperación que han llevado a tragedias personales. El sistema judicial, por su naturaleza garantista, requiere tiempo para determinar la veracidad de los hechos, pero el daño social suele ser inmediato e irreversible.

Los motivos detrás de las falsas denuncias

La comprensión de este fenómeno requiere analizar sus causas. Las falsas denuncias pueden originarse en diversos contextos: disputas familiares (especialmente en casos de separación donde hay menores involucrados), conflictos laborales, venganzas personales, o incluso situaciones donde existen incentivos económicos o sociales que pueden ser mal interpretados o aprovechados indebidamente.

Es fundamental aclarar que identificar estos motivos no implica descreer de las víctimas legítimas, sino comprender la complejidad del fenómeno para abordarlo de manera integral. La existencia de denuncias falsas no debe convertirse en un argumento para desalentar a las víctimas reales a buscar justicia. En nuestra experiencia profesional -y también en nuestro día a día actual en el estudio- hemos acompañado a muchas personas que enfrentaron falsas denuncias. Sabemos lo que implica atravesar una situación así: el impacto emocional, la angustia en la familia, la pérdida de confianza en el entorno, el temor a ser señalado públicamente sin haber sido oído por la justicia. Estas vivencias no son solo parte de nuestro recorrido profesional, sino de nuestra práctica cotidiana. Por eso, cada vez que tomamos un caso de este tipo, lo hacemos con la responsabilidad de quienes comprenden en profundidad lo que está en juego, no solo en términos jurídicos, sino humanos.

La respuesta del sistema legal

A lo largo de los años se han presentado diversos proyectos legislativos para abordar esta problemática, incluyendo propuestas para endurecer las penas por falsas denuncias en casos específicos. Si bien estas iniciativas reflejan una preocupación legítima, es importante que cualquier reforma normativa mantenga el equilibrio entre la protección de las víctimas reales y la garantía de derechos para los acusados.

El derecho penal debe funcionar como última ratio, aplicándose solo cuando otras herramientas han resultado insuficientes. En este sentido, es crucial desarrollar mecanismos preventivos y de detección temprana que permitan identificar inconsistencias sin desalentar las denuncias legítimas.

Hacia un abordaje integral

La solución a esta problemática no puede limitarse al aspecto punitivo. Requiere un enfoque multidisciplinario que incluya:

Capacitación especializada para operadores judiciales en la evaluación de denuncias, permitiendo detectar señales de alerta sin prejuzgar la veracidad de los hechos denunciados.

Protocolos rigurosos en la recepción y tramitación de denuncias que garanticen tanto la protección de las víctimas como el respeto a las garantías constitucionales de los acusados.

Acompañamiento psicológico para todas las partes involucradas, reconociendo que tanto víctimas como falsamente acusados requieren contención profesional.

Medidas cautelares equilibradas que protejan a las posibles víctimas sin presuponer la culpabilidad del denunciado, respetando el principio de presunción de inocencia.

El rol de los medios y la sociedad

Un aspecto crucial en estos casos es el manejo mediático y social de las denuncias. El derecho a la información debe equilibrarse con la protección de la intimidad y el honor de todas las personas involucradas. Es responsabilidad de los medios de comunicación evitar el sensacionalismo y respetar la presunción de inocencia.

La sociedad, por su parte, debe desarrollar una cultura de respeto hacia las víctimas que no implique la condena anticipada de los acusados. Este equilibrio es esencial para mantener la cohesión social y la confianza en las instituciones.

Cómo proceder ante una falsa denuncia

Desde el punto de vista estrictamente legal, cuando una persona enfrenta una falsa denuncia, existen varios caminos de acción que deben ser evaluados cuidadosamente según las circunstancias particulares de cada caso.

Estrategia defensiva inmediata

El primer paso fundamental es no actuar de manera impulsiva. La reacción natural ante una acusación falsa suele ser la indignación y el deseo de defenderse públicamente, pero esto puede resultar contraproducente. Es esencial:

• Contactar inmediatamente con un abogado especializado en derecho penal antes de realizar cualquier declaración
• Evitar el contacto directo con la persona denunciante, ya que cualquier aproximación puede ser malinterpretada
• Documentar y preservar todas las pruebas que puedan demostrar la falsedad de la acusación
• No realizar declaraciones públicas en medios de comunicación o redes sociales que puedan perjudicar la defensa

Acciones legales disponibles

Una vez demostrada la falsedad de la denuncia, el ordenamiento jurídico argentino ofrece varios mecanismos de reparación:

1. Querella por falsa denuncia (art. 245 del Código Penal): Esta acción penal permite perseguir a quien formuló la denuncia falsa. Es importante destacar que para proceder por esta vía es necesario que:

• La denuncia haya sido formulada ante autoridad competente
• Se pueda demostrar el conocimiento de la falsedad por parte del denunciante
• La denuncia sea completamente falsa, no meramente errónea

2. Querella por calumnias e injurias (arts. 109 a 117 bis del Código Penal): Cuando la falsa acusación se haya difundido públicamente, corresponde analizar la procedencia de acciones por calumnias (imputación falsa de un delito) o injurias (deshonra, descrédito o menosprecio). Las penas varían según la modalidad y pueden incluir multa o prisión.

3. Acción civil por daños y perjuicios: Paralelamente a las acciones penales, es posible reclamar una reparación económica por los daños materiales y morales sufridos. Esta vía permite obtener:

• Compensación por daño moral (sufrimiento, angustia, deterioro de la reputación)
• Resarcimiento por daños materiales (pérdida de trabajo, gastos médicos, honorarios legales)
• En casos graves, puede incluir daño al proyecto de vida

Consideraciones estratégicas

No todos los casos ameritan el inicio de acciones legales. Es fundamental evaluar:

• La solidez de las pruebas que demuestran la falsedad
• Las posibilidades reales de éxito en el proceso
• El costo-beneficio de iniciar acciones legales
• El impacto que puede tener un nuevo proceso judicial en la situación personal del afectado

Es crucial respetar los plazos legales. Para las acciones penales por calumnias e injurias, el plazo de prescripción es de un año desde que el ofendido tuvo conocimiento del hecho. Para la falsa denuncia, los plazos son más extensos, pero la rapidez en el accionar puede ser determinante para la efectividad de la estrategia.

El aspecto más complejo suele ser demostrar no solo que los hechos denunciados no ocurrieron, sino que la persona denunciante tenía conocimiento de esa falsedad. Esto requiere un trabajo investigativo minucioso que puede incluir:

• Análisis de comunicaciones previas
• Testimonios de terceros
• Peritajes técnicos cuando corresponda
• Reconstrucción cronológica de los hechos

Medidas preventivas y de protección

Durante el desarrollo de estas acciones, es posible solicitar medidas que protejan al afectado:

• Medidas cautelares para evitar la continuidad de la difamación
• Derecho de rectificación cuando la falsa denuncia haya tenido repercusión mediática
• Medidas de no innovar para preservar pruebas digitales o documentales

Perspectiva profesional

Como profesional que ha trabajado en la defensa de casos complejos, puedo afirmar que cada situación requiere un análisis particular y cuidadoso. No existen fórmulas mágicas ni soluciones simples para un fenómeno tan complejo. Lo que sí existe es la necesidad de abordar cada caso con profesionalismo, respeto y compromiso con la verdad.

La defensa técnica de una persona acusada no implica descreer de las víctimas, sino garantizar que el sistema funcione correctamente para todos. Un sistema de justicia sólido es aquel que protege tanto a las víctimas como a los inocentes, sin que estos objetivos sean mutuamente excluyentes.

Conclusiones

Las falsas denuncias representan un desafío para nuestro sistema de justicia, pero no deben convertirse en un obstáculo para que las víctimas reales accedan a la justicia. El camino hacia un sistema más equitativo requiere diálogo, comprensión y la construcción de herramientas que permitan distinguir entre denuncias legítimas y aquellas que no se corresponden con la realidad.

Tenemos la responsabilidad de construir un entorno donde las víctimas se sientan protegidas para denunciar, donde los inocentes no teman ser falsamente acusados, y donde la justicia pueda actuar con la serenidad y el rigor que requieren estos casos tan sensibles.

Solo desde este equilibrio podremos avanzar hacia una justicia verdaderamente justa para todos los involucrados.